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Diciembre 2019
RESUMEN
- Artículo: ¿Contratos de comercio electrónico: ¿qué ley es aplicable?
- En Breve: Sentencia Dépakine: ¿Puede un medicamento ser defectuoso si cumple con su Autorización de comercialización?
- Contribución: Un extracto gratuito de Kbis para los dirigentes.
- Artículos de prensa destacados
ARTÍCULO
¿Contratos de comercio electrónico: ¿qué ley es aplicable?
Contexto y definición
El comercio electrónico se define como “la actividad económica mediante la cual una persona ofrece o suministra bienes o servicios a distancia y por vía electrónica” (L. francesa n° 2004-575, 21 de junio de 2004, para la confianza en la economía digital).
Nadie habrá pasado por alto que en las dos últimas décadas el desarrollo del comercio electrónico ha sido y sigue siendo cada vez más rápido gracias al enorme potencial de Internet y de la tecnología digital.
Además, en una economía globalizada, mientras que el comercio no conoce fronteras, el derecho sigue estando muy ligado a la soberanía de los Estados.
En este contexto, la cuestión de la ley aplicable a los contratos de comercio electrónico reviste una importancia primordial. En efecto, cuando una empresa vende bienes o servicios en Internet, puede encontrarse celebrando contratos, a menudo de forma totalmente automatizada, con un número infinito de configuraciones posibles (por ejemplo, con un comerciante en los Estados Unidos, con un consumidor en India o en Alemania, etc.).
Los instrumentos de Derecho internacional privado, en particular los desarrollados por la Unión Europea, permiten que estas situaciones recuperen una cierta previsibilidad jurídica, incluso si aún existen puntos ciegos.
Por principio, la ley aplicable es la ley designada por las partes
Cuando los instrumentos de derecho internacional privado lo permiten, la forma más sencilla es la elección de la ley aplicable en las condiciones generales.
En la Unión Europea, esto está permitido, en particular, por el Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, del 17 de junio de 2008. El artículo 3 del Reglamento permite a las partes elegir la ley aplicable a su contrato.
Este reglamento tiene un alcance universal y, por lo tanto, es aplicable desde el momento en que existe un vínculo con el territorio de la Unión Europea (lugar de entrega o de prestación de servicios, domicilio o sede social de la parte contratante, por ejemplo). Sin embargo, su aplicabilidad por tribunales foráneos de la UE obviamente no está garantizada y, por lo tanto, también es necesario contemplar la oportunidad de una cláusula de ampliación adecuada de la jurisdicción siempre que sea posible.
Límites de la elección de la ley aplicable
Independientemente de la base jurídica para elegir la ley aplicable a un contrato de comercio electrónico, es importante tener en cuenta algunas limitaciones.
En primer lugar, por lo que se refiere a la parte contratante, si se trata de un consumidor, el Reglamento Roma I establece una norma específica en el apartado 2 de su artículo 6. Si bien los contratos celebrados con un consumidor pueden contener una cláusula de elección de ley, la ley elegida no debe privar al consumidor de la protección adicional a la que habría tenido derecho en virtud de la ley aplicable en ausencia de elección. Por lo tanto, será necesario estudiar a los clientes potenciales y elegir una ley que sea suficientemente protectora para limitar las sorpresas.
De forma general, también es importante tener en cuenta ciertas restricciones, como las leyes de policía (por ejemplo, en Francia, la acción directa de los transportistas contra el expedidor o el destinatario) o el orden público internacional (ciertamente más desarrollado en el derecho de familia que en el derecho mercantil).
Por último, dependiendo de la actividad prevista, es importante considerar si existen o no instrumentos internacionales de derecho sustantivo que se aplicarían independientemente de la ley elegida. Este es el caso de la Convención de Viena sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías (CVIM) de 1980, que se aplica por defecto a las ventas internacionales de mercaderías entre profesionales. El comerciante puede entonces perfectamente descartarlo en sus condiciones generales, pero es necesario hacerlo explícitamente.
¿Qué ley es aplicable cuando no se ha elegido ninguna?
La situación se complica drásticamente por la falta de elección de la ley.
Por un lado, cuando los contratos se refieren únicamente a profesionales, es necesario considerar en primer lugar la existencia de regímenes internacionales directamente aplicables. Este es el caso de la CVIM mencionada anteriormente, pero también del denominado Convenio CMR sobre el transporte de mercancías por carretera.
Estos instrumentos tienen una aplicabilidad de exclusión voluntaria (“opt out”). Así pues, si no están excluidos en los contratos, se aplicarán por defecto tan pronto como la situación entre en su ámbito de aplicación.
Una vez verificada o descartada esta hipótesis, será necesario remitirse a la norma de conflicto de leyes aplicable.
Dentro de la Unión Europea, será necesario examinar el Reglamento Roma I. El artículo 4 de este último establece una serie de características que permiten determinar la ley aplicable.
A modo de ejemplo:
– En materia de contratos de compraventa se aplicará la ley del país de residencia habitual del vendedor;
– En el caso de los servicios, será la ley del país en el que el prestador de servicios tenga su residencia habitual.
Sin embargo, en el caso de los contratos electrónicos, a veces es complicado localizar esos elementos. Por ello, conviene remitirse a los apartados que figuran al final del artículo 4, que permiten, en caso de dificultad, conectar el contrato, por ejemplo, con la ley del país con el que tiene los “vínculos más estrechos”. Huelga decir que este concepto puede ser fuente de numerosos litigios, por lo que sólo es útil en casos marginales.
Por otra parte, la cuestión más delicada es, de hecho, la de los contratos de consumo.
El Reglamento Roma I, sobre este punto, contiene disposiciones especiales a falta de elección de la ley aplicable (artículo 6).
No obstante, estas disposiciones de protección sólo se aplicarán si el vendedor o el prestador de servicios ejerce su actividad profesional en el país de residencia del consumidor o si dirige dicha actividad allí.
Dado que se trata de sitios web, el concepto de dirección de la actividad ha sido desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se basa en una serie de pistas (por ejemplo, accesibilidad en la lengua del consumidor, nombre de dominio en el país, número de contacto o presencia en el país de residencia del consumidor, etc.).
Conclusión
Para concluir, si bien las disposiciones de los instrumentos de derecho internacional privado son ciertamente útiles, hay situaciones en las que no proporcionan una seguridad jurídica y una previsibilidad óptimas.
Sin embargo, es posible asegurar estos contratos anticipando y haciendo las preguntas correctas. La mejor solución sigue siendo la elección de las leyes siempre que sea posible.
En cualquier caso, cada situación merece una cuidadosa consideración y anticipación para limitar al mínimo los riesgos y los acontecimientos imprevistos.
Por lo tanto, se recomienda encarecidamente el uso de un profesional del derecho para redactar sus TyC.
EN BREVE
Sentencia Dépakine:
¿Puede un medicamento ser defectuoso si cumple con su Autorización de comercialización?
El 27 de noviembre de 2019, Sanofi-Aventis France, productor del medicamento Depakine, obtuvo, al plantear una cuestión no resuelta, la casación de la decisión de apelación que la había condenado.
En este caso, un niño nació con deformidades severas y una pericia judicial había establecido que esto se debía a que la madre tomaba el medicamento en cuestión.
El fabricante criticó la Corte de Apelación por haberle condenado en base a un producto defectuoso (es decir, por falta de “la seguridad a la que se puede esperar legítimamente” en virtud del artículo 1245-3 del Código Civil). El motivo se basaba, en particular, en el hecho de que, por una parte, el prospecto indicaba un riesgo y, por otra, que dicho medicamento y su prospecto cumplían escrupulosamente la autorización de comercialización concedida por la autoridad competente. Sin embargo, el fabricante consideró que este caso estaba cubierto por las disposiciones de exención del artículo 1245-10, 5° del Código Civil cuando el “defecto se debe a la conformidad del producto con normas imperativas de carácter legislativo o reglamentario”.
Si bien el primer argumento fue desestimado rápidamente, el segundo llamó la atención de los jueces de casación, quienes dictaminaron que el Tribunal de Apelación no había respondido a este argumento, razón por la cual revocó la sentencia de apelación.
Por lo tanto, la cuestión que debe decidir el Tribunal de Apelación es si la validación en virtud de una autorización de comercialización entra en el ámbito de aplicación de las disposiciones de exención del régimen de productos defectuosos. En otras palabras, ¿se puede considerar a la AMM como una de las reglas obligatorias descritas en el artículo 1245-10, 5° del Código Civil?
¡Continuará!!
CONTRIBUCIÓN
Un extracto gratuito de Kbis para los dirigentes
(Por Christel BRANJONNEAU, “Avocat” especializada en derecho de sociedades, París)
A partir de ahora, las empresas inscritas en el Registro Mercantil podrán obtener su propio extracto digital actualizado de K-bis de forma gratuita, ilimitada y segura.
El extracto de K-bis se obtiene a través del sitio web de MonIdenNum (www.monidenum.fr).
El registro se realiza a través del portal en línea. Después de enviar una copia de su documento de identidad, se asigna gratuitamente al gerente de la empresa su identidad digital personal, lo que le permite generar tantas veces como desee un extracto de K-bis sobre las empresas para las que tiene una oficina corporativa.
